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Hace pocas semanas el presidente de la Corte Suprema de Justicia afirmaba con vehemencia el fracaso del sistema penal colombiano actual. No en vano, por ejemplo, según la versión 2021 del Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index) del World Justice Project, que básicamente mide la percepción de legalidad en 139 países, indica que el peor factor de Colombia en este escenario es su pésima calificación a su sistema de justicia penal (0,39/1.00; puesto 119/139).

Salvo en círculos especializados, no fue destacado como merecía que el 9 de agosto pasado fue emitida la nueva hoja de ruta de lucha contra el lavado de activos: el Conpes 4042. Estimo que es un documento de política pública que debe ser tenido en cuenta por todos los actores relacionados con la guerra contra este flagelo. Debe destacarse, en primer lugar, el diagnóstico presentado en este Conpes.

Reconozco que he sido un convencido -quizá muy terco- sobre las bondades de un sistema penal que permita fórmulas de negociación, principios de oportunidad y, en general, herramientas de terminación anticipada, en las que los delincuentes reciben tratos más benévolos a cambio de información, aceptación de los cargos, etc.

La Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance tiene como propósito agremiar personas con conocimientos en esos temas, y busca ser un centro de pensamiento que incida en la construcción de regulación.

El escándalo más reciente de corrupción en contratación estatal -y creo que candidato al más grave del año- es el protagonizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.

Publicado originalmente en:

Congreso Internacional de Compliance IFCA. 04 de octubre del 2021. https://app.conftools.co.za/page/332/

Los participantes del sistema judicial tenemos muchas expectativas y dudas sobre el verdadero impacto positivo que tendrá la reciente reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

El Estado de Derecho ha enfrentado grandes retos durante la pandemia tales como restricciones al ejercicio de derechos o mayor concentración de poder. Las discusiones sobre estos asuntos han sido constantes.