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La congestión judicial de la justicia penal tiene varias causas; algunas de ellas se podrían atribuir a un exceso de expedientes, otras a conductas de quienes intervienen en los procesos, pero hay otras que tienen que ver con la política criminal y la estructura del proceso.

Por diversas razones, crear un marco regulatorio práctico y suficiente para enfrentar la corrupción no es sencillo. No solo diversos intereses que, al parecer, siempre están en contra de este propósito, sino la generalidad y poca técnica de muchas de las propuestas al respecto, hacen que el escenario no sea sencillo de aterrizar.

Más allá del carácter mediático del caso de Álvaro Uribe Vélez, es un escenario que revela varios interrogantes y permite la construcción de un debate profesional muy interesante. Uno de los aspectos que merece atención es el curso del proceso luego de que la judicatura negara la preclusión solicitada por la Fiscalía.

…en Colombia aún carecemos de normas precisas sobre su alcance; la jurisprudencia y la doctrina han buscado llenar ese vacío, aunque no de forma pacífica.

Tanto en el mundo de los abogados como en el escenario periodístico se ha conversado mucho por estos días sobre cuestiones éticas de los profesionales del derecho.

Desde hace bastante tiempo vengo insistiendo en este espacio sobre las enormes ventajas que ha traído la virtualidad a la administración de justicia.

La nueva reforma a la justicia penal que se discuta -la cual se pide desde diversas orillas- deberá contener asuntos que en realidad tengan presente el mejoramiento del sistema judicial colombiano, para que los ciudadanos confiemos en él.

Hace pocas semanas el presidente de la Corte Suprema de Justicia afirmaba con vehemencia el fracaso del sistema penal colombiano actual. No en vano, por ejemplo, según la versión 2021 del Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index) del World Justice Project, que básicamente mide la percepción de legalidad en 139 países, indica que el peor factor de Colombia en este escenario es su pésima calificación a su sistema de justicia penal (0,39/1.00; puesto 119/139).

Salvo en círculos especializados, no fue destacado como merecía que el 9 de agosto pasado fue emitida la nueva hoja de ruta de lucha contra el lavado de activos: el Conpes 4042. Estimo que es un documento de política pública que debe ser tenido en cuenta por todos los actores relacionados con la guerra contra este flagelo. Debe destacarse, en primer lugar, el diagnóstico presentado en este Conpes.